Columna invitada
Adrián Trejo
En la Cámara de Diputados volvió a plantearse un caso que, por lo menos, podría resultar en una colusión de funcionarios sino es que en un acto de corrupción.
Sucede que el diputado federal panista, Héctor Saúl Téllez, exigió la intervención inmediata de la Secretaría Anticorrupción para investigar y auditar en tiempo real la contratación de servicios de seguridad privada.
El legislador denunció que diversas instituciones gubernamentales diseñaron un esquema para favorecer a tres empresas del sector, excluyendo de las licitaciones, mediante la inclusión de un requisito presuntamente legal, a cualquier otra.
“Estaríamos ante una grave red de corrupción que tendría que ser castigada, desmantelada y obviamente presentar las denuncias penales para que se actúe contra servidores públicos corruptos”, dijo.
En este espacio le comentamos hace unas semanas, que una compañía que ofrece el servicio de seguridad privada promovió una denuncia ante la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, en la que acusaba a diversas dependencias federales de haber creado, junto a la empresa Serprosep y la organización Quality Solution Register, un par de candados para dejar fuera de las licitaciones a otros competidores.
Los candados son la creación de un sistema gestión con el organismo certificador (Quality Solution Register) único facultado para otorgar las certificaciones ISOS 55001 Sistemas de Gestión de Activos e ISO 17024 Supervisión de Servicios de Seguridad sin las cuales ninguna empresa puede participar en licitaciones.
Entre dichas entidades destacan el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Procuraduría Federal del Consumidor, ISSSTE, IMSS-Bienestar, el Instituto Politécnico Nacional y la Autoridad Educativa Federal.
Solo tres empresas cumplen con ese requisito y a las demás, denuncian, cuando van a solicitar la certificación, se las niegan.
¿Estamos ante una colusión entre funcionarios para favorecer a un grupo específico? ¿No sería importante que la Secretaría Anticorrupción revisara el caso?
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Grupo Elektra anunció una provisión financiera por 23,261 millones de pesos para garantizar el pago de los litigios fiscales con lo que se salda la deuda reclamada por el gobierno.
En el informe de resultados de Grupo Elektra correspondiente al cuarto trimestre del 2025, la compañía, liderada por Ricardo Salinas Pliego, destaca el pago al SAT con lo que da por concluidos todos sus litigios fiscales.
En el cuarto trimestre, Elektra reportó una utilidad de operación de 4,851 millones de pesos contra los 4,954 millones de pesos reportados en el mismo periodo del 2024.
En el 4 trimestre del 2025, la pérdida neta de Elektra fue de 19,859 millones de pesos contra los 11,656 millones en el mismo periodo del 2024.
El grupo explicó que dicha pérdida “fue ocasionada por impuestos a la utilidad por 23,261 millones de pesos como resultado de la provisión del ISR relacionado con los créditos fiscales de la compañía.
“Con dicha provisión la compañía cubre en su totalidad los créditos fiscales exigidos por las autoridades y pone fin a todos los litigios fiscales de Grupo Elektra con el Gobierno de México’’.
Respecto a los resultados de Banco Azteca, informó que la cartera consolidada en 2025, se incrementó en 11% (208,486 millones de pesos) contra los 187,645 millones de 2024.
El índice de morosidad fue de 6.4%, uno de los más bajos del mercado.
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Sobre la propuesta de reforma electoral presentada ayer “a grandes rasgos’’, poco se puede agregar a todo lo dicho.
En lo que hay que poner atención fue en lo que no se presentó ayer, en las letras chiquitas, que luego suelen ser lo más importante en casos como esté.
Ojo.
@adriantrejo