Con la espada desenvainada y sin margen para titubeos, la diputada Kenia López Rabadán lanzó un ultimátum a la Cámara de Senadores para corregir de inmediato el recién enviado Plan B en materia electoral. En su calidad de presidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro, denunció la artera eliminación del principio de paridad constitucional para los cargos municipales.
La legisladora dejó claro que no tolerará que se borren de un plumazo los avances democráticos que han permitido a las mujeres acceder a posiciones de poder real. Fiel a su estilo directo y sin pelos en la lengua, atribuyó este atropello a un «duende machista» carente de toda visión técnica y de inteligencia emocional.
Durante un encuentro con los medios de comunicación, López Rabadán confió en que este despropósito se trate de un simple, aunque gravísimo, error de redacción y no de una consigna política. «Ojalá y solamente sea un mal documento», apuntó, reiterando que quien haya redactado semejante barbaridad debe ser despedido de sus funciones.
Para entender la magnitud del pleito, hay que echar el reloj atrás hasta 2019, año en el que la propia legisladora, junto con integrantes de Morena y otras fuerzas políticas, empujó la iniciativa de paridad total. Aquel pacto multipartidista fue la piedra angular para que hoy México tenga mujeres al frente de congresos, gubernaturas y del propio Poder Ejecutivo.
Resulta incomprensible, a los ojos de la diputada, que se mande un documento que atenta contra el corazón mismo de la representación femenina local. Los municipios son la célula básica de la República, y dejarlos fuera de la cuota de género es, en buen romance, abrirle la puerta trasera a la vieja política patriarcal.
Como representante de millones de mujeres y feminista declarada, López Rabadán advirtió que San Lázaro no fungirá como mera oficialía de partes si los senadores se hacen de la vista gorda. El compromiso es planchar el dictamen hasta que la redacción garantice que ninguna regiduría ni sindicatura quede exenta de la equidad de género.
El escenario legislativo actual es complejo y los tiempos están encima, dado que la Carta Magna prohíbe realizar modificaciones a las leyes electorales 90 días antes de que inicien los comicios. Este candado legal obliga a las cámaras a trabajar a marchas forzadas para desatorar el nudo y entregar reglas claras al árbitro electoral.
El llamado al orden no distingue colores partidistas; es un exhorto a que legisladoras de centro, derecha e izquierda hagan bloque y defiendan lo que por derecho les corresponde. La presidenta de la Cámara insistió en que los derechos no se negocian, y mucho menos cuando el costo histórico para alcanzarlos fue tan alto.
Queda por ver si el llamado a la cordura surte efecto en las comisiones de la Cámara Alta en los próximos días. De lo contrario, la presidenta de San Lázaro ya tiene el terreno preparado para dar la batalla legislativa definitiva y mandar al famoso «duende machista» de patitas a la calle.