A casi dos décadas de que la Ciudad de México se pusiera a la vanguardia en derechos reproductivos, la exigencia de las organizaciones civiles ha subido de tono. Este miércoles 23 de abril de 2026, representantes de diversas ONG se reunieron con autoridades capitalinas para demandar un paso definitivo: que el aborto deje de ser un delito en todo el territorio nacional, tal como lo mandató la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2023.
Una deuda legislativa de 19 años
El 24 de abril de 2007, la capital del país marcó un antes y un después al permitir la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas. No obstante, para activistas como Alondra Carrasco, de REDefine México, el modelo actual ya resulta insuficiente frente al avance de corrientes conservadoras globales. La propuesta es clara: sacar el aborto de los códigos penales y regularlo estrictamente como un tema de salud pública.
«Es urgente y necesario que el modelo de la Ciudad de México se transforme en la eliminación del delito», afirmó Patricia López, coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser).
El panorama actual y las cifras
A la fecha, 23 de los 32 estados de la República han armonizado sus leyes tras la sentencia de la SCJN. En la CDMX, los resultados en materia de salud son contundentes:
- 19 años de vigencia del programa ILE.
- Cerca de 30,000 procedimientos realizados.
- 0 muertes maternas registradas en clínicas oficiales por este concepto.
Nadine Gasman, actual secretaria de Salud de la CDMX, reconoció que, aunque la política ha sido efectiva, aún persisten brechas de acceso que deben subsanarse con la despenalización total.
El freno en el Congreso
Pese a que figuras que impulsaron la ley en 2007, como Dafne Cuevas (hoy secretaria de las Mujeres), ocupan cargos clave, el camino legislativo está trabado. En noviembre de 2024, se presentó una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para eliminar el delito del Código Penal local, pero la propuesta no avanzó y las organizaciones denuncian que no ha habido respuesta de los legisladores desde entonces.
El cierre de filas de las ONG busca que México consolide el mandato judicial de 2023, eliminando la criminalización federal para evitar que el derecho a decidir dependa del código penal de cada estado.