Por Juan Pablo Ojeda
El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana solicitó formalmente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) la revocación de concesiones de al menos cuatro consorcios internacionales. La petición, encabezada por Napoleón Gómez Urrutia, se fundamenta en la presunta documentación de sistemáticas violaciones a la libertad sindical y la integridad física de los empleados en yacimientos estratégicos del país.
La denuncia señala específicamente a la firma Orla Mining en su operación «Camino Rojo» en Zacatecas, así como a Plata Panamericana, Américas Gold and Silver y Torex Gold. Según los datos presentados en la 44 Convención Nacional del gremio, estas empresas operan bajo un esquema que vulnera la Ley Federal del Trabajo y los tratados internacionales en materia de derechos humanos y libertad de asociación.
El impacto económico del sector es central en la controversia: empresas de capital canadiense concentran actualmente el 70% de la inversión extranjera directa en la minería mexicana. Gómez Urrutia sostiene que esta posición de dominio de mercado ha facilitado la implementación de «sindicatos blancos», los cuales operan sin representación real de las bases y bajo la protección de intereses privados.
Las estadísticas del sindicato sugieren que las prácticas de «deserción forzada» han alterado la composición gremial en minas de Zacatecas, Sinaloa y Guerrero. El reporte técnico indica que la intromisión en asambleas y el condicionamiento de votos han impedido el ejercicio de la democracia sindical, afectando los contratos colectivos de trabajo de miles de operarios.
En términos de seguridad industrial, el gremio advierte que la presencia de actores ajenos a las empresas en las zonas de extracción eleva el riesgo operativo. El sindicato documentó casos donde la seguridad de los trabajadores y sus familias se ha visto comprometida por amenazas directas, lo que constituye una falla grave en los protocolos de responsabilidad social corporativa de las concesionarias.
El Sindicato Minero exige también el retiro del registro a las agrupaciones sindicales vinculadas a los empleadores. La solicitud técnica argumenta que estos grupos actúan como extensiones de la patronal, invalidando la naturaleza del sindicalismo independiente y creando un ecosistema de impunidad laboral que afecta la competitividad del sector extractivo en el largo plazo.
Finalmente, el organismo sindical enfatizó que la cancelación de concesiones es la única vía administrativa para restablecer la normalidad en las zonas mineras más rentables del país. El expediente, que incluye testimonios de agresiones e intromisiones, será turnado a las autoridades federales para que se inicie el proceso de revisión de los títulos de propiedad y registros sindicales correspondientes.