Por Juan Pablo Ojeda
La dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano (MC) formalizó este miércoles su rechazo a la modificación del calendario escolar 2025-2026, luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) oficializara el cierre de clases para el próximo 5 de junio. Jorge Álvarez Máynez, líder del partido, y la diputada Laura Ballesteros, confirmaron que interpondrán recursos de amparo para revertir una medida que reduce en 30 días el periodo lectivo presencial programado originalmente.
El secretario de Educación, Mario Delgado, ratificó que la decisión de adelantar las vacaciones responde a una solicitud emanada de las secretarías estatales y del magisterio, argumentando factores climáticos y logísticos derivados del Mundial 2026. Esta resolución convierte lo que inicialmente fue planteado como una «propuesta» por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina, en un decreto administrativo de aplicación nacional.
Laura Ballesteros calificó la medida como una violación directa a los derechos humanos de la niñez, señalando que la educación y la dinámica familiar se ven comprometidas por intereses políticos. La legisladora subrayó que la reducción del calendario impacta no solo el aprendizaje académico, sino la seguridad de los menores cuyos padres desempeñan jornadas laborales completas durante el mes de junio.
Como medida compensatoria, Álvarez Máynez anunció que presentarán una iniciativa para exigir al Gobierno Federal una remuneración económica dirigida a las personas cuidadoras. La propuesta técnica sostiene que el Estado debe asumir el costo financiero de los cuidados adicionales que recaerán sobre las familias debido al cierre prematuro de los planteles educativos.
La disparidad en las declaraciones oficiales entre la titular del Ejecutivo y el secretario Delgado marcó la jornada, pues mientras Sheinbaum solicitaba análisis, Delgado confirmó la fecha del 5 de junio como definitiva. Esta falta de sincronía institucional ha sido utilizada por la oposición para cuestionar la planificación pedagógica de la actual administración frente a eventos masivos.
Desde la perspectiva estadística, el recorte de un mes de clases representa una pérdida del 10% del tiempo efectivo de instrucción anual. Organizaciones civiles y el partido naranja argumentan que no existe una justificación técnica que sustente el sacrificio del derecho a la educación en favor de la logística de un torneo deportivo internacional.
El proceso legal que iniciará MC busca que el Poder Judicial de la Federación ordene a la SEP mantener el calendario original. Los promoventes sostienen que el interés superior de la niñez debe prevalecer sobre las gestiones estatales y que el Estado está obligado a garantizar espacios educativos seguros independientemente de la agenda deportiva del país.