Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta Claudia Sheinbaum descartó este lunes durante su conferencia de prensa matutina que el gobierno de Estados Unidos realice un operativo de extracción contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La mandataria calificó como improbable un escenario similar al traslado forzoso de Ismael “El Mayo” Zambada ocurrido en julio de 2024. La declaración oficial establece que no existen fundamentos para suponer una intervención de agencias extranjeras sin procesos diplomáticos previos.
El Ejecutivo Federal confirmó que Rubén Rocha Moya se encuentra actualmente en el estado de Sinaloa, desestimando versiones sobre su presunta salida del país. Esta confirmación se produce en un contexto de alta volatilidad informativa donde la administración federal ha detectado un incremento en la propagación de datos no verificados. La presidenta enfatizó que la información disponible hasta el momento no sustenta las especulaciones sobre un traslado clandestino hacia jurisdicción estadounidense.
La estructura de defensa legal de la administración se apoya en la ausencia de una solicitud formal de extradición por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal ha señalado que, hasta la fecha, Washington no ha presentado las pruebas documentales necesarias para iniciar una detención provisional con fines de extradición. Este vacío procedimental es el principal argumento técnico para descartar acciones de captura inmediata bajo protocolos internacionales.
Respecto a los incidentes de violencia en Culiacán, específicamente el ataque a una antigua propiedad de Rocha Moya en la colonia Las Quintas, la presidencia remitió la responsabilidad informativa a la Secretaría de Seguridad de Sinaloa. El inmueble, deshabitado durante la última década, fue objeto de un ataque con armas de fuego el pasado sábado. La negativa a profundizar en este hecho particular responde a una estrategia de delimitación de competencias entre el fuero federal y el estatal.
La administración federal anunció un reforzamiento en sus mecanismos de verificación de datos para combatir lo que calificó como campañas de propaganda política. La mandataria señaló directamente a diversos medios de comunicación por difundir información que busca desestabilizar la percepción pública sobre el caso Sinaloa. Este ajuste en la comunicación gubernamental pretende centralizar la vocería de seguridad en figuras específicas como el secretario Omar García Harfuch.
El antecedente de Ismael Zambada García marca un precedente crítico en la relación bilateral de seguridad. El traslado del capo hacia Nuevo México sin el conocimiento del gobierno mexicano generó una crisis diplomática que aún influye en los protocolos de cooperación. La actual administración busca garantizar que el caso Rocha Moya se mantenga dentro de los canales legales establecidos, evitando rupturas en los acuerdos de soberanía firmados con el país vecino.
Finalmente, el gobierno mexicano mantiene una postura de vigilancia sobre las investigaciones que el Departamento de Justicia de EU sigue contra Los Chapitos, grupo criminal con el que se ha intentado vincular al exgobernador. La instrucción presidencial es mantener la operación institucional dentro de los marcos de la ley, condicionando cualquier movimiento judicial a la presentación formal de evidencias por parte de las autoridades estadounidenses ante la Fiscalía General de la República.