La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México formalizó este martes 12 de mayo de 2026 una petición de información técnica y jurídica al Departamento de Estado de los Estados Unidos. El objetivo es conocer el sustento probatorio detrás de los señalamientos del Departamento de Justicia contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, por presuntos vínculos con la facción de «Los Chapitos«.
El canciller Roberto Velasco confirmó durante la conferencia matutina en Palacio Nacional que el mecanismo utilizado fue una nota diplomática enviada a través de la Embajada de México en Washington. Hasta el corte de esta mañana, el gobierno estadounidense no ha remitido los expedientes o material probatorio que acrediten las acusaciones difundidas en canales internacionales.
La dependencia federal detalló que el proceso se rige bajo los protocolos de asistencia jurídica mutua vigentes entre ambas naciones. La falta de respuesta por parte de las autoridades en Washington mantiene el caso en un estatus de espera diplomática, mientras la comunicación con el embajador Ken Salazar se reporta como constante pero sin resultados concretos sobre este expediente.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que los sistemas de inteligencia civil y militar en México no registran indicios de actividades ilícitas del mandatario sinaloense. Los indicadores de operatividad en la entidad federativa muestran que las fuerzas federales han actuado sin bloqueos por parte de la autoridad estatal.
Durante el trimestre actual, el Gabinete de Seguridad ha ejecutado múltiples detenciones con fines de extradición en territorio sinaloense. La SSPC enfatiza que la colaboración institucional ha permitido alcanzar objetivos prioritarios sin detectar interferencias locales que sugieran una protección oficial hacia grupos delictivos.
La SRE reiteró que la relación bilateral en materia de justicia se basa en el intercambio de evidencias sólidas y no en filtraciones mediáticas. El gobierno mexicano mantiene la postura de no iniciar procesos internos sin contar con la documentación oficial que el Departamento de Justicia asegura poseer.
Finalmente, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que la soberanía judicial de México exige el respeto a los tiempos y canales institucionales. La resolución de esta tensión diplomática depende estrictamente de la celeridad con la que el Departamento de Estado responda a la nota enviada por la cancillería.