El Partido Acción Nacional (PAN) formalizó este domingo la entrega de una denuncia penal ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador. El expediente acusa al exmandatario de presuntos delitos de lesa humanidad derivados de su estrategia de seguridad implementada a nivel federal entre los años 2018 y 2024.
El sustento cuantitativo del documento presentado por la bancada blanquiazul documenta un saldo trágico durante la pasada administración federal. La denuncia responsabiliza a la gestión gubernamental por la cifra de más de 200 mil homicidios registrados en el territorio nacional durante dicho periodo constitucional.
Aunado a la tasa de letalidad, el expediente técnico expone una crisis demográfica paralela al contabilizar 150 mil personas desaparecidas. Las estadísticas integradas por el equipo jurídico del partido opositor detallan fenómenos colaterales como el reclutamiento forzado de juventudes y el desplazamiento masivo de comunidades enteras atrapadas en zonas de fuego cruzado.
En el desglose de los generadores de violencia, el documento identifica a las estructuras paramilitares que presuntamente operaron con impunidad bajo la política denominada «abrazos, no balazos». Se señala directamente la expansión operativa del Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste, la Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos.
El mapeo territorial incluido en la querella internacional enfoca la estadística delictiva en tres entidades federativas clave del norte de México. Se acusa que los vínculos entre el crimen organizado y el aparato gubernamental quedaron evidenciados empíricamente en los estados de Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, administraciones que se encuentran bajo el mandato de los gobernadores Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, respectivamente.
Para justificar la jurisdicción del tribunal internacional, la dirigencia del PAN argumentó en su escrito legal una falta absoluta de independencia en el entramado institucional mexicano. La premisa central sostiene que las fiscalías locales y federales perdieron la capacidad técnica y política para garantizar investigaciones imparciales sobre la cúpula del gobierno anterior.
El proceso legal en la Corte Penal Internacional obliga ahora a la fiscalía del organismo a realizar un examen preliminar exhaustivo. Esta fase técnica determinará si la evidencia estadística e histórica presentada por la oposición mexicana cumple con los criterios del Estatuto de Roma para ordenar la apertura de una investigación formal por crímenes contra la humanidad.