La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que los registros oficiales del gobierno federal acumulan un saldo de 135,000 personas desaparecidas y más de 230,000 personas asesinadas en el territorio nacional. Ante este volumen de afectación civil, la legisladora urgió a las instituciones del Estado a suspender la protección política y focalizar los recursos públicos en la persecución penal de los delitos de alto impacto.
Los indicadores estadísticos de violencia criminal en el país demuestran que la problemática supera los diferendos de carácter ideológico o las tensiones diplomáticas bilaterales entre administraciones gubernamentales. De acuerdo con el balance legislativo, la consolidación de redes de impunidad estructural impide el descenso en las tasas de homicidios dolosos y desapariciones forzadas que impactan directamente el tejido social de las comunidades locales.
El planteamiento técnico de la presidencia del Congreso establece que la cooperación con agencias internacionales debe centrarse en objetivos específicos con nombre y apellido. El análisis de las carpetas de investigación vigentes revela que la colusión institucional con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y al robo de combustibles (huachicol) constituye el principal factor de persistencia en los índices delictivos nacionales.