La diputada oficialista Laura Andrea Tovar Saavedra acusó formalmente a los dirigentes y legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de vulnerar el orden institucional mexicano al realizar gestiones directas ante autoridades en Washington D.C., con el propósito de solicitar una intervención extranjera en materia de seguridad.
Los señalamientos de Laura Andrea Tovar Saavedra apuntan de manera directa hacia el presidente del PRI, Alejandro Moreno, y la senadora del PAN, Lilly Téllez. De acuerdo con las declaraciones de la diputada, ambos políticos sostuvieron encuentros en Estados Unidos para demandar la injerencia de agencias como el FBI y la CIA en asuntos internos de México.
Esta acción ha sido calificada por la legisladora como un quebrantamiento de la soberanía nacional, definida constitucionalmente como la facultad del pueblo mexicano para determinar sus políticas públicas y de seguridad sin la guía ni el dictado de un gobierno extranjero.
El bloque oficialista equiparó estas visitas parlamentarias con las políticas bilaterales de administraciones pasadas, señalando que el expresidente Felipe Calderón incurrió en prácticas autoritarias al declarar una guerra contra el narcotráfico sin contar con las facultades legales ni el consenso institucional requerido para coordinar operativos con agencias extranjeras.
La crítica legislativa de Laura Andrea Tovar Saavedra también abordó la falta de transparencia de los gobiernos estatales de oposición, acusando a una gobernadora local de desplegar agentes estatales en operativos de alto impacto sin dar el respectivo aviso obligatorio a las autoridades de la federación mexicana.
Este tipo de conductas, argumenta la bancada de Morena, debilita el pacto federal e introduce dinámicas de fragmentación que dificultan la estrategia nacional de seguridad pública diseñada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.
El llamado parlamentario exige a las fuerzas políticas de oposición rendir cuentas sobre las agendas y los acuerdos que buscan establecer con instituciones norteamericanas, bajo la premisa de que los recursos y las decisiones del territorio nacional competen exclusivamente a los canales institucionales vigentes en México.