El ambiente en el ejido Dinamita, allá en el municipio de Gómez Palacio, Durango, llegó a un punto de ebullición insostenible. Lo que hace tiempo se disfrazaba de protesta social, terminó por quitarse la máscara y revelar una presunta red de extorsión que colmó la paciencia de las autoridades, culminando este 18 de marzo con un megaoperativo que dejó a 28 personas tras las rejas.
La Fiscalía General del Estado de Durango, en un despliegue donde le entraron de lleno elementos del Mando Especial Laguna, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y policías locales, ejecutó las detenciones por delitos que van desde el robo de vehículos hasta ataques a las vías de comunicación.
Resulta que los implicados, cobijados bajo el nombre del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua, tenían asoladas a las empresas de la zona industrial. Su modus operandi consistía en tapar los accesos y retener camiones de carga pesada, exigiendo pagos por fuera de la ley para ex trabajadores que ya habían recibido su liquidación oficial.
El gobernador del estado, Esteban Villegas, no se anduvo por las ramas y pintó su raya. Confirmó que los detenidos fueron trasladados a la capital duranguense para enfrentar a la justicia y dejó en claro que su administración no cederá ante amenazas, enviando un mensaje contundente de que la extorsión no será moneda de cambio en su sexenio.
Para entender cómo la situación se puso color de hormiga, hay que revisar el historial de la zona. Las investigaciones ministeriales revelaron que varios de los capturados ya traían arrastrando averiguaciones previas por abigeato, daños por incendio y extorsiones en otros puntos de la comarca, desmintiendo que se tratara de un simple conflicto laboral.
El operativo, según reportes oficiales, contó con el acompañamiento presencial de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para evitar que a las autoridades se les volteara el chirrión por los palos con acusaciones de abusos, garantizando que el desmantelamiento del plantón se hiciera con estricto apego a la legalidad.
Mientras tanto, los familiares de los detenidos amagaron con armar movilizaciones a las afueras de la presidencia municipal, exigiendo que se libere a los implicados, lo que mantiene una tensa calma en la región lagunera que hoy exige resultados sin rodeos.
Para los habitantes de Dinamita y Pueblo Nuevo El Siete, la presencia permanente de las fuerzas castrenses representa un respiro, pues los constantes bloqueos ya no solo afectaban a las grandes fábricas, sino el ir y venir de quienes se ganan el pan con el sudor de su frente todos los días.
El balón ahora está en la cancha del Ministerio Público, que deberá sustentar las carpetas de investigación para que los jueces vinculen a proceso a los presuntos responsables y se restaure verdaderamente el estado de derecho en uno de los polos industriales más pujantes del norte del país.