El sueño de una reforma judicial que depure el Poder Judicial y recompense con justicia a quienes fueron desplazados por la transición constitucional se topa con una dura realidad: no hay dinero disponible todavía para pagar a jueces y magistrados cesados.
El Órgano de Administración Judicial (OAJ) —la instancia creada para coordinar la transición del viejo sistema al nuevo esquema de elección judicial— admitió públicamente que ha solicitado a la Secretaría de Hacienda una ampliación presupuestal para cubrir las liquidaciones pendientes.
“Se trabaja coordinadamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para contar con la ampliación… que cubra pagos pendientes”, se lee en el comunicado del OAJ.
¿Qué prometía la reforma y qué se está cumpliendo?
La reforma judicial aprobada en septiembre de 2024 incluyó un artículo décimo transitorio que garantiza que los jueces y magistrados que dejen su cargo —ya sea por declinar su candidatura o porque no resultaron electos— reciban una indemnización. Esa compensación debía consistir, al menos, en:
- Tres meses de salario integrado
- 20 días de salario por cada año de servicio prestado
Estos pagos abarcan no solo el monto base, sino también las partes proporcionales de aguinaldo y vacaciones del año en curso.
No obstante, el OAJ no puede cumplir de inmediato con esa obligación porque no tiene los recursos autorizados.
A decir de las autoridades, el dinero sí será entregado cuando Hacienda lo autorice, pero no hay fecha garantizada aún.
“Para los juzgadores cesados el escenario es claro: dejaron el cargo conforme a la Constitución, pero su pago depende ahora de una gestión administrativa…”
Varios jueces y magistrados afectados han denunciado que el comunicado del OAJ no fija una fecha concreta, ni establece un “calendario claro” de pagos. Lo único seguro hasta ahora: una reunión de seguimiento en dos semanas para informar avances. Algunos lo interpretan como una forma de ganar tiempo.
La protesta se enciende: jueces bloquean avenida Revolución
Apenas en esta semana, más de 50 jueces y magistrados en retiro se reunieron frente a la sede del OAJ en la Colonia Guadalupe Inn, Ciudad de México, y bloquearon por cerca de media hora la avenida Revolución en protesta por el incumplimiento de la liquidación prometida.
Durante la manifestación:
- Calificaron la demora como “una falta grave” a sus derechos laborales
- Señalaron que algunos llevan 10 u 11 meses sin recibir nada de la indemnización que les corresponde
- Hicieron ver que, además, están impedidos por ley de ejercer funciones judiciales o litigar en la misma jurisdicción por los siguientes dos años, lo que les quita opciones de generar ingresos alternos en sus antiguas plazas
Los manifestantes recuerdan que la reforma expresa que este pago no es discrecional: es un derecho plasmado en el texto constitucional. Exigen que no dependa únicamente de la “buena voluntad” administrativa.
Millones solicitados, ¿cuándo se pagará?
Para cumplir con las indemnizaciones pendientes, el OAJ informó que solicitó una **ampliación presupuestal de 6,500 millones de pesos ante Hacienda.
Aunque ese monto es una cifra orientadora, no significa que todo esté garantizado aún. Algunas versiones indican que esos recursos podrían estar disponibles en lo que resta de 2025, siempre que el trámite presupuestal avance sin tropiezos.
El retroceso en liquidaciones se relaciona, en parte, con decisiones administrativas previas: en abril de este año, Nacional Financiera (Nafin) transfirió a la Tesorería de la Federación los recursos que guardaba el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en fideicomisos para este tipo de pagos, sin contar con la autorización explícita del CJF. Esa transferencia afectó la bolsa originalmente destinada a indemnizaciones del Poder Judicial.
¿Por qué ya no es solo una espera?
La situación adquiere un tono cada vez más urgente por tres razones:
- El derecho ya está establecido en la Constitución (por medio del artículo décimo transitorio de la reforma judicial).
- El retraso prolongado agrava la situación económica de las familias afectadas, sobre todo de quienes hipotecaron bienes, tienen deudas o dependientes.
- Pérdida de confianza institucional: la reforma judicial se concibió como un ejercicio de renovación, transparencia y justicia; que quienes colaboraron con el proceso sean ahora ignorados debilita la credibilidad del nuevo esquema.
El conflicto pone en evidencia que, aunque una reforma sea legítima en lo jurídico, su éxito depende también del músculo financiero y de la capacidad operativa del Estado para cumplir sus promesas.