Por Juan Pablo Ojeda
El año legislativo arrancó en la Cámara de Diputados con un tema que sacudió más allá de los muros de San Lázaro: el accidente del tren interoceánico. No fue solo un recuento de lo ocurrido, sino una reflexión incómoda sobre cómo funcionan —o dejan de funcionar— las políticas públicas cuando se mezclan con negligencia y corrupción. El mensaje fue claro y pensado para cualquier ciudadano: cuando el Estado se equivoca, las consecuencias se pagan con vidas.
Desde la tribuna se explicó algo básico, pero muchas veces olvidado. Ante una tragedia, el gobierno tiene cuatro obligaciones elementales. La primera es decir la verdad, sin medias tintas ni versiones a modo. La segunda es reparar el daño, no solo con dinero, sino con atención médica, apoyo psicológico y acompañamiento legal para las víctimas. La tercera es impartir justicia, es decir, investigar y sancionar a quien resulte responsable. Y la cuarta es garantizar que no vuelva a pasar, revisando obras, contratos y decisiones que hoy ponen en riesgo a la gente.
La diputada puso el dedo en la llaga al advertir que en México existe una peligrosa costumbre de proteger a funcionarios o empresas cuando ocurre una desgracia. Aquí, dijo, no se trata de colores políticos ni de apellidos, sino de asumir que la corrupción en la obra pública no es un error administrativo: es una cadena de decisiones que termina en muerte y dolor para las familias.
El debate llegó a un punto sensible: quién construye y cómo se construye. Se recordó que el país tiene leyes de obra pública, de adquisiciones y de control de calidad suficientes. El problema no es la falta de normas, sino que se violan sin consecuencias. Cuando se excluye a especialistas, se improvisa o se permiten “moches”, el resultado es infraestructura frágil que falla justo cuando más se necesita que funcione.
En este contexto, desde el Congreso se abrió la discusión sobre crear una comisión investigadora que dé seguimiento al caso. Aunque las fiscalías son las encargadas de deslindar responsabilidades penales, el Poder Legislativo puede vigilar, exigir información y presionar para que las investigaciones no se congelen. Incluso se planteó la posibilidad de recurrir a instancias externas o internacionales, como una forma de generar confianza y evitar que el caso se politice o se archive.
La conversación también se conectó con lo que ocurre fuera de México. La crisis democrática en Venezuela y las tensiones internacionales fueron mencionadas como ejemplo de lo que pasa cuando se debilitan los contrapesos y se normaliza el abuso de poder. El mensaje fue preventivo: si no se cuidan las instituciones y la legalidad, los problemas crecen hasta volverse incontrolables.
En términos sencillos, lo que se dijo en San Lázaro fue una advertencia y un compromiso. Advertencia, porque seguir tolerando la corrupción en proyectos públicos pone en riesgo a cualquiera. Compromiso, porque el Congreso tiene la responsabilidad de vigilar, legislar y exigir cuentas para que tragedias como esta no se repitan. La política pública, cuando se hace mal, no se queda en el papel: se siente en la vida cotidiana y, en el peor de los casos, se convierte en luto.