El narcotraficante mexicano Erick Valencia Salazar, mejor conocido como “El 85”, ha llegado a un acuerdo con la fiscalía de los Estados Unidos. Según registros de la Corte de Distrito de Columbia, el fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) modificará su declaración original de «no culpable» durante una audiencia programada para el próximo 7 de abril a las 10:00 de la mañana, ante el juez James E. Boasberg.
Este movimiento legal busca evitar un juicio prolongado. En el sistema penal estadounidense, este tipo de acuerdos suele conllevar beneficios en la sentencia, como reducciones de condena, a cambio de que el acusado admita su responsabilidad en los cargos de conspiración para la fabricación y distribución de narcóticos con fines de importación ilegal.
El peso de las acusaciones
La Drug Enforcement Administration (DEA) y el Departamento de Justicia señalan a Valencia Salazar por liderar operaciones criminales desde el año 2003. Se le atribuye el control de plazas estratégicas en estados como Jalisco, Baja California, Colima y Michoacán.
Las autoridades lo vinculan directamente con una red de tráfico de drogas a gran escala, así como con delitos de secuestro, homicidio y actos de corrupción sistemática. Por años, el gobierno estadounidense mantuvo una recompensa de 5 millones de dólares por cualquier dato que condujera a su captura o sentencia.
Antecedentes y extradición
El camino judicial de “El 85” ha sido largo. Tras una primera captura en 2012 y su paso por el penal de Puente Grande, fue detenido nuevamente en marzo de 2022 en un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Posteriormente, fue integrado en un grupo de 29 capos extraditados a territorio estadounidense en febrero de 2025, lista que incluyó a personajes históricos como Rafael Caro Quintero y Antonio Oseguera Cervantes, hermano del líder máximo del cártel, Rubén Oseguera Cervantes.
Reto para la seguridad bilateral
El caso de Valencia Salazar es parte de la ofensiva judicial de Washington para desmantelar la estructura directiva de las organizaciones criminales mexicanas. La cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos sigue centrada en la captura y procesamiento de objetivos prioritarios, con el fin de frenar la entrada de drogas sintéticas y opioides al mercado estadounidense.