En San Lázaro se vivió una escena que retrata el momento político del país: sociedad civil organizada tocando la puerta del Congreso para hablar de reglas electorales, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, comprometiéndose a que esa conversación no se quede fuera del debate formal.
Integrantes del Frente Amplio Democrático —entre ellos exmagistrados, académicos y figuras con trayectoria en la transición democrática— acudieron a entregar una solicitud clara: que cualquier reforma político-electoral que envíe el Ejecutivo federal se discuta bajo la figura de Parlamento Abierto. Es decir, con foros públicos, participación de expertos, transmisión transparente y argumentos sobre la mesa.
¿Por qué tanta insistencia? Porque las reformas electorales no son un tema técnico aislado. Definen cómo se integran las cámaras, cómo se financian los partidos, qué facultades tiene el árbitro electoral y qué tan equilibrada es la competencia entre fuerzas políticas. Cambiar esas reglas puede impactar directamente la representación ciudadana y la estabilidad política.
El Frente expresó preocupación por posibles modificaciones que —según han advertido en declaraciones recientes actores políticos— podrían tocar puntos sensibles: reducción o eliminación de plurinominales, ajustes al presupuesto del INE, cambios en organismos locales o en el sistema de justicia electoral. Para sus integrantes, una reforma de ese calibre debe construirse con consenso amplio y no solo con mayoría legislativa.
En términos prácticos, lo que están pidiendo es sencillo de explicar: que antes de votar cualquier cambio, el Congreso escuche a especialistas, autoridades electorales, organizaciones civiles y ciudadanos interesados. Que se abra el micrófono y no solo el tablero de votación.
Kenia López Rabadán respondió en clave institucional. Señaló que la Cámara es un espacio plural y que todas las voces tienen derecho a ser escuchadas. Se comprometió públicamente a que, una vez que la iniciativa presidencial llegue formalmente a la Cámara —que históricamente suele ser la de origen en materia electoral—, turnará la solicitud para que las comisiones analicen la posibilidad de organizar un Parlamento Abierto.
Aquí hay un dato relevante: la reforma aún no ha sido presentada. Pero el debate ya está instalado. En política, eso significa que la disputa no solo será jurídica o técnica, sino también narrativa: quién logra convencer a la ciudadanía de que sus propuestas fortalecen —o debilitan— la democracia.
Al final del día, lo que está en juego no es una ley más, sino el diseño del sistema bajo el cual se elegirá el poder en los próximos años. Y ahí, el Congreso tiene la responsabilidad de decidir no solo qué se reforma, sino cómo se reforma.