La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, volvió a poner el dedo en la llaga: la crisis de inseguridad en las carreteras no se va a resolver persiguiendo a quienes protestan, sino enfrentando a quienes extorsionan, roban y atacan a transportistas en todo el país. Desde San Lázaro, la legisladora llamó a que todas las instituciones del Estado reconozcan la gravedad del problema y actúen sin excusas.
Explicó que la inseguridad carretera no es un asunto aislado de los choferes, sino un impacto directo para toda la población. Cuando un transportista paga sobornos o enfrenta robos constantes, el costo termina reflejándose en lo que paga cualquier familia en la tienda o el mercado. “La ciudadanía completa paga esas extorsiones”, advirtió, al destacar que se trata del delito que más ha crecido en México.
En respuesta a esta emergencia, la Cámara de Diputados alista la aprobación de un paquete de leyes diseñado para combatir la extorsión desde su raíz. La iniciativa incluye la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, además de reformas al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales y a diversas leyes relacionadas con delincuencia organizada y extinción de dominio. El objetivo es construir un marco legal más fuerte que permita detener, procesar y desarticular estas redes.
López Rabadán subrayó que los transportistas hoy enfrentan un escenario crítico: carreteras peligrosas, autoridades rebasadas y un esquema de cobros ilegales que representa hasta medio punto del PIB nacional. Por eso insistió en que no es momento de culpar a grupos o partidos, sino de asumir responsabilidades y responder al reclamo social que hoy se escucha en todo el país.
La legisladora remarcó que abrir carpetas de investigación debe ser para los verdaderos responsables: quienes extorsionan, secuestran, roban y asesinan. “No para quienes quieren trabajar y sacar adelante al país”, dijo. Aseguró que el Congreso está haciendo su parte, pero que la solución requiere coordinación total de los tres niveles de gobierno.
El mensaje fue claro: el país no puede seguir normalizando que viajar por carretera sea un riesgo, ni que millones paguen un “impuesto criminal” disfrazado de extorsión. López Rabadán pidió que el Estado actúe ya, antes de que la violencia avance aún más.