En el Palacio Legislativo de San Lázaro, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, puso el acento donde más duele en el debate público: la violencia contra mujeres y niñas no puede atenderse solo con discursos, sino con leyes que funcionen y recursos suficientes para aplicarlas.
Al inaugurar el “Encuentro Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas”, la legisladora habló de una responsabilidad compartida, pero dejó claro que al Congreso le toca una parte clave: ajustar el marco legal y aprobar el presupuesto que hará posible cualquier política pública.
Para quien no sigue de cerca la política, vale explicarlo sencillo. Cuando en San Lázaro se discute el Presupuesto de Egresos, ahí se decide cuánto dinero va a refugios para mujeres violentadas, a fiscalías especializadas, a programas de prevención en escuelas o a campañas de información. Si esos recursos no se aprueban o se reducen, la estrategia se debilita. Así de directo.
López Rabadán subrayó que la violencia de género debe ser prioridad no solo en la conversación pública, sino en las decisiones del Estado. Eso implica medir el problema con datos confiables, establecer indicadores claros y evaluar si las acciones realmente están dando resultados. En política pública, lo que no se mide no mejora.
Durante el encuentro participaron especialistas nacionales e internacionales, entre ellas la relatora de Naciones Unidas sobre violencia contra mujeres, Reem Alsalem. La intención, explicó la diputada, es escuchar evidencia técnica que ayude a perfeccionar las reformas y evitar que el Congreso legisle con ocurrencias o presiones mediáticas.
La presidenta de la Mesa Directiva también recordó que en los últimos años México ha avanzado en paridad de género. Hoy hay más mujeres en el Congreso y en cargos ejecutivos que en cualquier otro momento de la historia. Sin embargo, reconoció que el avance legal no significa que la violencia haya desaparecido en la vida cotidiana.
Otro punto que destacó fue la prevención. La violencia, dijo, no surge de manera espontánea; está ligada a desigualdades y patrones culturales que se aprenden desde la infancia. Por eso, las políticas públicas deben incluir educación, trabajo comunitario y estrategias dirigidas también a hombres y niños, no solo a las víctimas.
El mensaje final fue directo: erradicar la violencia contra mujeres y niñas es una obligación ética y constitucional. Pero en términos prácticos, esa obligación se traduce en reformas bien diseñadas, presupuesto suficiente y seguimiento puntual a su aplicación.
En el Congreso, las declaraciones importan, pero lo que realmente cambia la realidad son los votos que modifican leyes y los montos que se asignan en el presupuesto. Ahí es donde se verá si el compromiso expresado en San Lázaro se convierte en resultados tangibles.