En plena discusión sobre posibles cambios a las reglas electorales, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, fijó una postura que busca mover el eje del debate: antes de rediseñar fórmulas de representación, hay que impedir que el crimen organizado intervenga en las elecciones.
Desde su responsabilidad institucional en San Lázaro, aseguró que si el Congreso va a reformar las leyes en materia político-electoral, debe hacerlo para garantizar que los delincuentes no financien campañas ni influyan en quienes llegan a cargos públicos. Dicho en términos sencillos, se trata de evitar que grupos criminales se sientan con poder sobre diputados, alcaldes o gobernadores.
La legisladora sostuvo que existe una exigencia nacional clara: frenar la inseguridad. Y esa demanda, dijo, también tiene que reflejarse en el diseño de las reglas electorales. Porque si el dinero ilícito o las amenazas influyen en una campaña, el voto pierde libertad y la representación pierde legitimidad.
López Rabadán también puso énfasis en la representación política. Señaló que cualquier reforma debe garantizar que los votos depositados en las urnas se traduzcan de manera clara en espacios dentro del Congreso de la Unión. Para ella, la democracia se concreta cuando tanto mayorías como minorías están presentes en los órganos donde se debaten y aprueban las leyes.
Como presidenta de la Mesa Directiva, prometió que el debate será transparente, público y legal. Sin embargo, dejó claro que no basta con discutir porcentajes o fórmulas técnicas: el contexto de violencia que vive el país obliga a priorizar la seguridad como parte central de cualquier modificación electoral.
El mensaje político es directo. En un país donde la inseguridad impacta la vida cotidiana —desde extorsiones hasta desapariciones—, blindar las elecciones frente al crimen organizado se vuelve una condición básica para que el sistema democrático funcione con credibilidad.
El Congreso tendrá la última palabra si se presenta una reforma formal, pero la postura de López Rabadán adelanta que la discusión no solo será técnica, sino profundamente política y vinculada a la demanda ciudadana de seguridad.