Una reforma electoral no es una ley más ni un ajuste técnico menor. Es la base sobre la que se sostiene la vida democrática del país y, por lo mismo, debería construirse pensando en todos los mexicanos, no únicamente en quienes hoy gobiernan. Cuando se habla de cambiar las reglas del juego democrático, la inclusión no es un gesto político: es una obligación.
Los números son claros. La coalición en el poder representa al 54 por ciento de los votantes, una mayoría legítima que le dio el triunfo en las urnas. Pero del otro lado está un 46 por ciento de ciudadanos que también votaron, que también participan y que también merecen ser considerados. Dejar fuera su visión en una reforma electoral sería mandar el mensaje de que su voz vale menos, y eso debilita a cualquier democracia.
El verdadero reto del proceso que está por iniciar no es ganar una votación en el Congreso, sino construir confianza. Las reformas electorales solo funcionan cuando son producto de acuerdos amplios y cuando las reglas resultantes son aceptadas incluso por quienes pierden elecciones. Sin esa legitimidad, cualquier cambio corre el riesgo de ser visto como una imposición.
Pensar en una reforma desde la lógica de la mayoría puede ser políticamente cómodo, pero institucionalmente peligroso. Las reglas electorales deben servir para garantizar competencia justa, representación equilibrada y estabilidad política, no para inclinar la cancha. La democracia no se mide solo por quién gana, sino por cómo se respetan las reglas.
México tiene frente a sí una oportunidad importante: demostrar que puede fortalecer su sistema democrático con diálogo, responsabilidad y visión de largo plazo. Reformar para mejorar, no para concentrar poder. Reformar para incluir, no para excluir.
El llamado es claro: actuar con altura de miras y con sentido de Estado. Una reforma electoral bien hecha no será el triunfo de un partido o de una mayoría, sino un legado para el país y para las generaciones que aún no votan, pero que vivirán bajo las reglas que hoy se decidan.