Por Juan Pablo Ojeda
El estado de Sinaloa registró en 2025 su periodo con mayor incidencia de violencia letal en el siglo XXI, bajo un esquema de subregistro estadístico sistemático. Un análisis técnico del investigador Adrián López Ortiz, en colaboración con la organización Causa en Común, documentó una discrepancia del 23% en las cifras de homicidios reportadas por la Fiscalía estatal durante el mes de diciembre. Mientras la cifra oficial se fijó en 128 casos, el recuento basado en informes diarios internos arrojó un total de 166 privaciones de la vida.
La metodología de ocultamiento se basó en el uso de categorías ambiguas para clasificar las muertes violentas. Denominaciones como «causa de muerte por determinar», «homicidio por otros» y «agresión a la autoridad» funcionaron como filtros para reducir la contabilidad del homicidio doloso tradicional. Este mecanismo permitió que los hallazgos en fosas clandestinas y los decesos posteriores en hospitales no fueran integrados en la estadística criminal primaria del estado.
En términos acumulativos, la gestión de Rubén Rocha Moya —quien solicitó licencia el 1 de mayo de 2026— presenta una curva ascendente en la letalidad. En 2022, el primer año completo de su administración, se registraron 478 víctimas de homicidio doloso, cifra que escaló hasta las 1,656 víctimas para el cierre de 2025. Este incremento representa un alza del 246% en la incidencia de asesinatos reconocidos oficialmente en el lapso de tres años.
El reporte de Causa en Común detalla que 2025 fue el año más letal para las fuerzas de seguridad en la entidad, con 48 agentes asesinados. Estos casos fueron excluidos del conteo principal mediante la reclasificación bajo la etiqueta de «enfrentamientos». Esta fragmentación de la información impide una medición precisa del impacto de la crisis de seguridad sobre los cuerpos policiales y la estructura institucional del estado.
La dimensión cualitativa de los datos revela la ocurrencia de 641 «atrocidades» durante el ejercicio 2025. El inventario incluye 184 casos de tortura, 40 masacres y 55 localizaciones de fosas clandestinas. Estas métricas sitúan a Sinaloa a la cabeza de la violencia extrema en el país, superando las capacidades de procesamiento forense y registro administrativo de la Fiscalía General del Estado.
López Ortiz sostiene que las anomalías detectadas en los registros no responden a errores técnicos aislados, sino a un sistema de medición diseñado para la gestión de percepción política. Al sumar homicidios, feminicidios y desapariciones, el saldo real de víctimas supera con creces los 4,580 expedientes acumulados ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública durante el periodo de Rocha Moya.
El informe concluye que para obtener un diagnóstico fidedigno de la situación en Sinaloa, es necesario adoptar un enfoque de «violencia letal ampliada». Este modelo debe integrar todas las categorías de muerte no natural para evitar que la reclasificación administrativa oculte la magnitud de la crisis humanitaria. Los datos proyectan a 2025 como el punto de quiebre estadístico para la seguridad pública en el noroeste mexicano.