La detención de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, volvió a colocar el caso Agronitrogenados en el centro de la discusión pública.
La Fiscalía General de la República la detuvo el 2 de julio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en cumplimiento de una orden de captura emitida en 2020 por una acusación de presunto lavado de dinero vinculada con la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.
El caso se relaciona con la adquisición de esa planta por parte de Pemex en 2014, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. La operación ha sido señalada durante años como uno de los expedientes de corrupción más representativos de la petrolera y del periodo priista.
La situación jurídica de Gilda Lozoya no quedó cerrada con la detención. Una jueza federal le concedió libertad provisional mientras se resuelve si será vinculada a proceso. Entre las medidas cautelares reportadas están entregar el pasaporte, usar brazalete electrónico, presentarse cada quince días y no salir del país ni del área metropolitana de la Ciudad de México.
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la captura tenga motivación política. Dijo que el Gobierno federal fue informado después de la detención y sostuvo que, de acuerdo con la Fiscalía, existen pruebas sobre la presunta participación de Lozoya Austin en el expediente Agronitrogenados.
La defensa de Gilda Lozoya ha respondido con una narrativa opuesta. Sus abogados denunciaron persecución política, irregularidades en el arresto y violación de derechos por la difusión de imágenes de la captura.
La filtración de fotos y video abrió otro frente del caso. La jueza Nora Ileana García Peralta ordenó a la FGR iniciar una carpeta de investigación para determinar quién filtró el material de la detención.
Por ahora, el expediente queda en una zona clave: la Fiscalía deberá sostener sus señalamientos ante el juez, mientras la defensa buscará desacreditar el caso y presentarlo como una persecución. No hay sentencia ni culpabilidad probada.