La aprobación definitiva de las leyes secundarias de la Reforma Judicial consolidó una reconfiguración en los plazos de permanencia de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El nuevo entramado normativo extiende los mandatos institucionales de los juzgadores hasta el año 2028, lo que representa un incremento del 100% en el tiempo de gestión respecto a los periodos de seis años para los cuales fueron electos originalmente en el año 2016.
El análisis de la progresión legislativa revela que las modificaciones al calendario de sustitución de la Sala Superior se administraron a través de cuatro ajustes específicos. Los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Felipe de la Mata Pizaña, designados inicialmente para el periodo comprendido entre 2016 y 2022, sumarán doce años continuos en el ejercicio de sus funciones tras la última modificación que fijó el término de su encargo en octubre de 2028.
Un desglose cronológico de las carpetas parlamentarias indica que en el año 2022 se ejecutó la primera extensión que trasladó el fin de la gestión de los magistrados al año 2024. Posteriormente, la propuesta inicial de la Reforma Judicial proyectó una prórroga adicional de tres años hacia el 2027, la cual fue modificada de último minuto en el pleno del Congreso de la Unión mediante la denominada «reforma a la reforma» para postergar la salida definitiva al 2028.
El esquema de ampliación temporal también modificó las condiciones contractuales de la magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso y del magistrado Janine Otálora Malassis, cuyos periodos originales de nueve años concluían en el año 2025. Con la aplicación de los artículos transitorios aprobados por la mayoría calificada del Poder Legislativo, ambos integrantes de la Sala Superior recibieron una extensión que prolonga su estabilidad presupuestal por tres años adicionales.
Las estadísticas del INE confirman que mantener la actual conformación del TEPJF garantiza que las mismas ponencias jurisdiccionales calificarán tres procesos electorales federales consecutivos. Las estructuras técnicas de la Sala Superior tendrán bajo su responsabilidad la validación jurídica de las elecciones intermedias del año 2027, donde se renovarán 17 gubernaturas y la totalidad de la Cámara de Diputados, además del proceso presidencial previo ya calificado en 2024.
Auditorías administrativas aplicadas al presupuesto del Poder Judicial de la Federación señalan que la prolongación de los mandatos congela la renovación de las plazas de carrera judicial dentro del tribunal electoral durante una década. El costo financiero de mantener las remuneraciones y prestaciones de los magistrados extendidos fue integrado al dictamen de impacto presupuestal que las comisiones dictaminadoras de la Cámara de Diputados validaron para el ejercicio fiscal en curso.
El cierre de la fase de implementación de la reforma deja sin efecto los concursos de oposición que se habían programado para la renovación escalonada del tribunal. Los datos técnicos asentados en las bitácoras parlamentarias demuestran que la fijación de la fecha límite en junio del año 2028 homologa el relevo de la Sala Superior con el nuevo calendario de la elección judicial, centralizando las sustituciones en una sola jornada comicial.