La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la acción penal contra Sergio Antonio Salazar Salazar, exfuncionario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) vinculado a proceso por el caso Guardería ABC, es imprescriptible, al considerar que los hechos derivados del incendio ocurrido en 2009 constituyen una grave violación a los derechos humanos.
La decisión fue aprobada por mayoría de votos durante una sesión del máximo tribunal del país y establece que el paso del tiempo no extingue la posibilidad de que las autoridades continúen con la persecución penal relacionada con este caso.
Corte mantiene abierta la vía penal
El fallo responde a un recurso promovido por la defensa de Sergio Antonio Salazar Salazar, quien argumentó que la acción penal había prescrito debido a que los delitos imputados —homicidio y lesiones culposas bajo la modalidad de comisión por omisión— no fueron cometidos de manera dolosa.
Sin embargo, la Corte concluyó que la magnitud de los hechos y las afectaciones derivadas del incendio justifican una excepción al principio general de prescripción.
Durante la discusión, la ministra Loretta Ortiz Ahlf sostuvo que la imprescriptibilidad es necesaria para evitar la impunidad en casos que involucren violaciones graves a los derechos humanos.
“Se concluye que, para no permitir que graves violaciones de derechos humanos gocen de impunidad, la prescripción es inadmisible respecto de la acción penal por los hechos cometidos en la Guardería ABC”, expuso la ministra durante la sesión.
El incendio que marcó a México
El caso se remonta al 5 de junio de 2009, cuando un incendio iniciado en una bodega de la entonces Secretaría de Hacienda del Gobierno de Sonora, en Hermosillo, se propagó hacia la Guardería ABC.
Como consecuencia del siniestro fallecieron 49 niñas y niños, mientras que decenas más resultaron lesionados, convirtiéndose en una de las tragedias más graves relacionadas con el cuidado infantil en la historia reciente de México.
A partir de estos hechos se iniciaron investigaciones administrativas, civiles y penales contra diversos servidores públicos y particulares relacionados con la operación de la estancia infantil.
Ministros debaten alcance jurídico del caso
Durante el análisis, el ministro Giovanni Figueroa Mejía coincidió con la resolución, aunque expresó reservas respecto a algunos argumentos vinculados con el derecho penal internacional.
El ministro señaló que, si bien se trata de hechos de extrema gravedad, no toda violación grave a derechos humanos puede equipararse automáticamente a un crimen de lesa humanidad.
Por su parte, el ministro Hugo Aguilar Ortiz recordó que tanto la propia Corte como organismos de derechos humanos ya habían determinado previamente la gravedad de los hechos.
Además, destacó que existen antecedentes judiciales y recomendaciones institucionales que reconocen las omisiones que contribuyeron a la tragedia.
Corte rechaza ampliar automáticamente la imprescriptibilidad
Aunque el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf incluía una propuesta para aplicar de manera más amplia la regla de imprescriptibilidad prevista en el artículo 106 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dicha propuesta no prosperó.
El apartado fue rechazado por una mayoría de siete votos contra dos, al considerar que la prescripción debe analizarse de manera individual en cada asunto.
Las ministras Sara Irene Herrerías Guerra y María Estela Ríos González, entre otros integrantes del pleno, señalaron que este tipo de excepciones no deben convertirse en una regla automática para todos los casos relacionados con infancias.
Expediente volverá a tribunal colegiado
Tras la resolución, el expediente correspondiente al amparo en revisión 648/2024 regresará al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, instancia que deberá emitir una nueva resolución conforme a los criterios establecidos por la SCJN.
La sesión concluyó con un minuto de silencio en memoria de los 49 menores fallecidos, propuesta respaldada por los ministros Hugo Aguilar Ortiz y Lenia Batres Guadarrama.
A más de 17 años del incendio, el caso Guardería ABC continúa generando resoluciones judiciales que buscan determinar responsabilidades y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.