Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó este 7 de mayo que corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República (FGR) esclarecer si el senador Adán Augusto López Hernández figura en las órdenes de aprehensión relacionadas con el caso de «huachicol fiscal». Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria subrayó la autonomía de la institución ministerial en el manejo de expedientes judiciales de alto impacto.
El caso en cuestión se centra en una red de delincuencia organizada dedicada al ingreso ilegal de combustibles desde Estados Unidos. Según datos de la investigación, este esquema de contrabando y evasión fiscal operaba mediante una estructura que integraba a funcionarios públicos, empresas privadas y elementos activos de las fuerzas armadas, afectando directamente la recaudación hacendaria del país.
La indagatoria tomó relevancia internacional el pasado 23 de abril con la detención en Argentina del contralmirante de la Marina, Fernando Farías Laguna. El mando naval es señalado como uno de los principales articuladores de la red que, desde el año 2023, facilitaba el paso de hidrocarburos sin el pago de los aranceles y cuotas correspondientes ante las autoridades aduaneras.
Sheinbaum Pardo recalcó que el Ejecutivo no posee copia de los expedientes ni detalles sobre los nombres incluidos en las solicitudes de captura. «Muchas de las investigaciones la Fiscalía no las comparte con nosotros, y qué bueno porque la Fiscalía es autónoma», precisó la mandataria ante los cuestionamientos sobre la posible vinculación del coordinador de los senadores de Morena.
Además de Fernando Farías, la FGR ha procedido contra su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna. Ambas detenciones confirman una línea de investigación que apunta a una infiltración en los mandos superiores de la Secretaría de Marina, encargada de la vigilancia en puertos y aduanas estratégicas para el comercio de energéticos.
El impacto financiero del huachicol fiscal se estima en miles de millones de pesos anuales por concepto de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). La redada actual busca desarticular no solo el brazo operativo, sino el andamiaje administrativo que permitía el blanqueo de los combustibles dentro del mercado formal de estaciones de servicio en territorio nacional.
Finalmente, la presidenta reiteró que la política de su administración es permitir que las instituciones de justicia actúen sin línea política. La FGR será la instancia encargada de emitir los comunicados oficiales que confirmen o descarten la participación de actores políticos de alto nivel en esta trama de corrupción transfronteriza y delitos fiscales.