Por Juan Pablo Ojeda
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que el Gabinete de Seguridad Nacional no detectó obstrucciones por parte del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en la ejecución de operativos contra el crimen organizado. Durante la actual administración federal, las fuerzas de seguridad han procedido con la captura de objetivos de alta prioridad sin interferencias del mando estatal.
El funcionario precisó que la operatividad en Sinaloa ha incluido detenciones de individuos sujetos a procesos de extradición hacia Estados Unidos. Harfuch enfatizó que los protocolos de inteligencia y despliegue en campo se desarrollaron bajo una coordinación técnica que permitió alcanzar resultados previamente reportados, desestimando que existan indicios de colusión procesal dentro de la esfera de competencia de la SSPC.
En términos jurídicos, la federación mexicana no mantiene carpetas de investigación abiertas contra Rocha Moya. La postura de la SSPC se basa en el análisis de la conducta institucional del mandatario durante el periodo de cooperación bilateral, donde la participación estatal se limitó a las facultades concurrentes sin vulnerar las operaciones federales de carácter reservado.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó que la nota diplomática enviada al Departamento de Estado de EE. UU. continúa sin respuesta oficial. Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, indicó que la comunicación con Washington es cotidiana, pero el proceso de entrega de evidencia sustancial sobre los presuntos nexos criminales del gobernador no ha sido cumplimentado por la vía formal.
La cronología de los hechos registra que Rocha Moya solicitó licencia al cargo el 1 de mayo, un día después de que trascendieran las acusaciones estadounidenses. El Tratado de Extradición vigente establece un periodo de 60 días naturales para la presentación de pruebas una vez que se realiza una detención provisional; sin estos documentos, la orden de aprehensión con fines de extradición pierde su validez legal inmediata.
A nivel de infraestructura de seguridad, Sinaloa permanece bajo vigilancia reforzada por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Harfuch subrayó que el Gabinete de Seguridad continúa con el calendario de operaciones programadas, independientemente del estatus administrativo de la gubernatura, asegurando la continuidad de las capturas de perfiles vinculados a la delincuencia organizada.
El Gobierno de México ha condicionado cualquier procedimiento de entrega al extranjero a la revisión técnica de las pruebas presentadas. La presidenta Claudia Sheinbaum ha estipulado que la soberanía judicial del país exige evidencia clara y certificada, conforme a la Ley de Extradición Internacional, antes de facilitar el traslado de un ciudadano mexicano a tribunales extranjeros.