La diputada federal Kenia López Rabadán solicitó formalmente a la Cámara de Diputados un informe detallado sobre el estado físico y financiero de las 4,200 canchas deportivas prometidas por la administración federal en el marco de los preparativos para el Mundial de Futbol 2026. La petición exige la entrega de la geolocalización exacta, las licitaciones asignadas y el porcentaje de avance de cada obra, argumentando la necesidad de evaluar el impacto real de la inversión pública en la prevención del delito.
El programa gubernamental busca contrarrestar la deserción escolar y el reclutamiento forzado mediante la infraestructura comunitaria, un esquema que requiere un seguimiento estricto de auditoría para comprobar su viabilidad. La legisladora señaló que los indicadores de delincuencia juvenil solo descenderán si los recursos destinados a estas instalaciones se ejecutan en los polígonos de alta vulnerabilidad previamente censados.
Los datos de la Secretaría de Educación Pública indican que miles de estudiantes abandonan las aulas anualmente, convirtiéndose en el principal sector de riesgo para las organizaciones criminales. El desarrollo de espacios deportivos públicos es la variable matemática que el gobierno federal introdujo para mitigar esta tendencia, vinculando el entusiasmo social de la Copa del Mundo con el desarrollo social de mediano plazo.
Frente a la reducción estadística de homicidios dolosos reportada por el gabinete de seguridad en el primer trimestre de este año, la diputada contrapuso la necesidad de evaluar la infraestructura física. El argumento técnico estipula que una baja porcentual en los registros ministeriales no se traduce automáticamente en un entorno seguro si las obras de cohesión social permanecen inacabadas.
La fiscalización de este paquete de obras públicas pretende verificar si el presupuesto se distribuyó de manera proporcional entre las entidades federativas que concentran los mayores índices de marginación urbana. La solicitud incluye la fiscalización de los contratos de construcción y las empresas constructoras seleccionadas para evitar desvíos de fondos etiquetados para el bienestar social.
La prevención del delito mediante el deporte requiere un diseño metodológico que combine la edificación de canchas con programas comunitarios permanentes que garanticen su uso efectivo. De lo contrario, advirtió la legisladora, las obras civiles se convertirán en activos inoperantes que no alterarán la dinámica económica de las colonias afectadas por la delincuencia.
La discusión parlamentaria se centrará en los mecanismos de comprobación del gasto público para el ejercicio fiscal vigente, donde los megaproyectos deportivos concentran una partida significativa. El Congreso deberá determinar si las metas físicas coinciden con los reportes financieros presentados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público antes del arranque del torneo internacional.