Por Juan Pablo Ojeda
El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) formalizó su intención de solicitar ante el Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación del registro de Morena. El dirigente nacional, Alejandro Moreno, fundamentó esta acción en una presunta sistematización de conductas ilícitas que, según el marco legal vigente, invalidarían la equidad en la contienda. El recurso jurídico busca elevar la categoría del partido oficialista a «narcopartido» bajo estándares de fiscalización internacional.
La estrategia legal del PRI se apoya en el precedente jurídico de la sanción al Partido Verde por el uso sistemático de publicidad en redes sociales. Moreno argumenta que, si bien en aquel caso la resolución no derivó en la pérdida del registro por falta de gravedad determinante, el volumen de evidencia actual en Morena supera los umbrales de tolerancia administrativa. La denuncia contempla el análisis de flujos financieros y operativos registrados durante los últimos ciclos electorales federales.
De acuerdo con las cifras presentadas por la dirigencia priista, el despliegue de representantes de casilla en la elección de 2021 presentó anomalías en distritos clave, coincidiendo con zonas de alta incidencia delictiva. El PRI sostiene que la estructura operativa de Morena replicó patrones de sistematización similares a los sancionados previamente por el Tribunal Electoral, pero con un componente de coacción física que altera los resultados estadísticos de votación.
El sustento técnico de la demanda incluye informes sobre la utilización de recursos de procedencia desconocida en la pauta publicitaria digital. Según el análisis de fiscalización del PRI, existe una correlación entre el incremento de la presencia mediática del partido en el poder y la falta de transparencia en sus informes de gastos ordinarios. Estos datos serán presentados ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE para su auditoría profunda.
Adicionalmente, la denuncia señala que los relevos en la dirigencia de Morena carecen de validez técnica si no se sanea el origen de los recursos que sostienen la estructura nacional. Alejandro Moreno enfatizó que la renovación interna del oficialismo es una simulación que busca evadir las responsabilidades fiscales acumuladas ante la autoridad electoral. El PRI exige que se audite el patrimonio de los nuevos cuadros directivos antes de validar sus nombramientos.
En términos de logística judicial, el equipo de abogados del PRI prepara el expediente para ser entregado en la Oficialía de Partes del INE en los próximos días. El documento integrará testimonios y pruebas documentales sobre el presunto uso de la fuerza pública para favorecer a candidatos específicos en los estados de Sinaloa, Tamaulipas y Baja California. Esta documentación forma parte de un protocolo de vigilancia electoral reforzada.
Finalmente, el análisis del PRI indica que el sistema democrático enfrenta un riesgo de colapso operativo si se permite la continuidad de organizaciones que no cumplen con los requisitos de transparencia partidaria. La pérdida del registro, aunque es la sanción máxima establecida en la ley, es vista por el partido opositor como la única medida correctiva proporcional a la gravedad de las infracciones documentadas en su denuncia.