Por Juan Pablo Ojeda
La Fiscalía de Milán ha iniciado una investigación jurisdiccional sobre presuntas irregularidades en el proceso de asignación de colegiados para la Serie A italiana. El foco de la indagatoria se centra en Gianluca Rocchi, actual designador arbitral, a quien se le atribuye un posible manejo discrecional de los nombramientos durante la campaña 2024-2025.
El fiscal Maurizio Chiulli lidera las diligencias que buscan determinar si existieron protocolos vulnerados en la selección de jueces para encuentros de alta jerarquía. Según los reportes técnicos integrados al expediente, se analizan específicamente las asignaciones que involucraron al club Inter de Milán en jornadas críticas del campeonato local.
La evidencia documental, obtenida inicialmente por medios especializados como Sky Sports Italia, incluye el rastreo de comunicaciones y la verificación de ingresos a instalaciones deportivas. Se investiga la presencia de Giorgio Spinoni, responsable de asuntos arbitrales del Inter, en reuniones no registradas dentro del Estadio San Siro.
El Ministerio Público ha puesto bajo escrutinio nominal las designaciones de los árbitros Andrea Colombo y Daniele Doveri. El primero fue asignado para el encuentro entre Inter y Bolonia, mientras que el segundo ejerció la autoridad en el Derby della Madonnina contra el AC Milan, ambos bajo sospecha de sesgo operativo.
Las autoridades han extendido el peritaje a los registros del sistema Video Assistant Referee (VAR) de los partidos señalados. El objetivo es cruzar los datos de las comunicaciones entre la sala VOR y el árbitro central para detectar posibles anomalías en la interpretación de jugadas reglamentarias de impacto directo en el marcador.
Hasta el corte informativo actual, Gianluca Rocchi mantiene su cargo mientras la fase de recopilación de pruebas permanece abierta. No se han dictado medidas cautelares ni sentencias condenatorias, respetando el principio de presunción de inocencia estipulado en el código de justicia deportiva y ordinaria.
El impacto administrativo de esta investigación podría derivar en una reestructuración total del Comité Nacional de Árbitros (AIA). El flujo de información técnica procesado por la Fiscalía busca blindar la integridad del sistema de competencia frente a posibles injerencias de terceros en la toma de decisiones arbitrales.